Con respaldo de aliados, el Gobierno logró aprobar la reforma de la Ley de Glaciares y anticipan judicialización

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión extensa y de alto voltaje político, en la que el oficialismo consiguió imponerse con el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales alineados con gobernadores. Desde la oposición ya advierten que la norma será llevada a la Justicia por presunta inconstitucionalidad.

Tras cerca de diez horas de debate, el proyecto fue aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. El respaldo incluyó a legisladores libertarios, aliados y algunos diputados peronistas, lo que permitió al Gobierno consolidar un nuevo triunfo parlamentario en un tema sensible por su impacto ambiental y productivo.

Según pudo reconstruir este medio, el oficialismo alcanzó el quórum con 129 diputados presentes, con el aporte clave de bloques como PRO, UCR, Innovación Federal y otras fuerzas provinciales. El número final de la votación evidenció una mayoría más amplia que la esperada en la previa.

La iniciativa fue impulsada por gobernadores de provincias nucleadas en la denominada Mesa del Litio y del Cobre (Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan), quienes venían reclamando cambios en la normativa vigente para facilitar inversiones en zonas periglaciares.

Entre los principales puntos de la reforma, se establece que quedarán bajo protección estricta únicamente aquellas formaciones que acrediten un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca. Además, se otorga a las provincias un rol central en la elaboración del inventario de glaciares, lo que reconfigura el esquema de control vigente hasta ahora.

La sesión tuvo momentos de tensión política. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ingresó al recinto cerca de la medianoche para presenciar la votación desde los palcos, lo que generó reacciones desde la bancada de Unión por la Patria.

En paralelo, la oposición intentó sin éxito avanzar con distintos pedidos de apartamiento de reglamento, entre ellos iniciativas vinculadas a interpelaciones y otros proyectos sensibles. Todas las mociones fueron rechazadas por la mayoría oficialista.

Durante el debate, desde el oficialismo defendieron la reforma bajo el argumento de que permite compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. En esa línea, el diputado libertario Nicolás Mayoraz sostuvo que la iniciativa demuestra que “la protección del ambiente y el desarrollo sustentable son posibles”.

Sin embargo, las críticas opositoras fueron contundentes. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó la norma como “regresiva e inconstitucional” y denunció la influencia del sector minero en su redacción. En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto cuestionó la modificación de una ley que, según recordó, había logrado consensos en 2010 y advirtió sobre el debilitamiento del rol técnico del IANIGLA.

Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois expresó uno de los rechazos más duros, al considerar que la reforma implica riesgos ambientales severos, particularmente en relación al agua.

A lo largo del tratamiento, la estrategia del oficialismo fue reducir al mínimo las intervenciones propias y avanzar rápidamente hacia la votación, una vez asegurados los números. “Están los votos”, reconocían en voz baja desde el bloque libertario, marcando el tono de una sesión que, más allá de los discursos, terminó definida por la aritmética parlamentaria.

Con la sanción ya consumada, el foco se traslada ahora al terreno judicial, donde distintos sectores anticipan presentaciones para frenar la aplicación de la norma. El debate, lejos de cerrarse, abre una nueva etapa en torno a la tensión entre desarrollo productivo y protección ambiental.