Fiscalía pide condena a pareja por ingreso y adopción irregular de dos niñas dominicanas en Entre Ríos

La Fiscalía Federal solicitó una pena de cinco años de prisión para una pareja de Villa del Rosario acusada de gestionar y financiar la llegada irregular de dos niñas de República Dominicana a su domicilio, con la intención de adoptarlas fuera de los canales legales. La causa se tramita en el Juzgado Federal de Concordia.

Según la investigación, la pareja contactó al padre de las menores en República Dominicana y coordinó el traslado de las niñas a Argentina, realizando pasos migratorios irregulares desde Colombia y Paraguay. Las niñas fueron alojadas en la vivienda de los acusados mientras se avanzaba con gestiones para la adopción.

El delito imputado es “facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros”, agravado por la minoría de edad de las víctimas y la situación de vulnerabilidad del grupo familiar. La Fiscalía fundamentó su acusación en registros migratorios, pericias telefónicas y testimonios de autoridades que intervinieron en el caso.

Durante el juicio, el fiscal relató que la pareja intentó inicialmente regularizar la situación mediante cartas de invitación, rechazadas por falta de solvencia del progenitor. Ante esto, planificaron el ingreso irregular de las menores, incluyendo el cruce del río Paraná en bote.

Los abogados defensores, Pablo Moyano Ilundain y Brenda Víttori, solicitaron al Tribunal la absolución de los acusados y sostuvieron que la pareja actuó con fines de cuidado y protección, y que no hubo beneficio económico directo. Subrayaron que las niñas vivían en condiciones de vulnerabilidad en su país de origen y que la intención era brindarles un hogar estable.

La causa comenzó en enero de 2024 tras la denuncia presentada por directores de Protección Integral de Adolescentes del Copnaf. Se realizaron allanamientos, secuestro de celulares y se adoptaron medidas de resguardo para las niñas, que fueron alojadas en la Residencia San José de Feliciano.

En paralelo, se investiga la actuación de la diputada y escribana Gabriela Lena, quien certificó un poder del padre de las menores a favor de la pareja. La investigación, delegada al fiscal federal de Concordia, aún está en curso y no hay determinación judicial sobre su responsabilidad.

El Ministerio Público, junto con organismos de protección infantil, continúa evaluando la documentación y los informes vinculados con la salida irregular de las menores, así como la actuación de los distintos implicados en la causa.

El Tribunal Oral Federal de Paraná presidió el juicio, donde declararon testigos de Copnaf, programas de acompañamiento a víctimas de trata, allegados a la pareja y profesionales que intervinieron en el proceso.

El caso sigue bajo investigación y se espera la resolución judicial sobre la condena y las medidas adicionales relacionadas con las menores y los imputados.

(Diario El Enfoque con información de Análisis Digital)