La no renovación del contrato de un trabajador de prensa tras la publicación de un posteo en redes sociales volvió a poner en discusión en Concordia los límites entre la gestión pública y el ejercicio de la libertad de expresión.

El caso difundido 

Tal como detalla Diario Junio, el periodista Federico Gularte (ex movilero de Radio Ciudadana) fue notificado de manera informal de que ya no continuarían requiriendo sus servicios como monotributista en el área de prensa de la Secretaría de Salud municipal, luego de una publicación realizada en redes sociales que habría generado malestar en el Ejecutivo local.

La nota del medio colega señala que el posteo hacía referencia al cierre de Radio Ciudadana y a los argumentos oficiales vinculados a supuestas razones económicas, una explicación que ha sido cuestionada en reiteradas oportunidades por distintos sectores del ámbito periodístico y político local. En su publicación web, Diario Junio acompañó la información con capturas de los mensajes difundidos por el propio Gularte, lo que permitió contextualizar el contenido de la expresión que habría motivado la decisión.

Antecedentes y contexto del cierre de Radio Ciudadana

El caso no aparece como un hecho aislado. El cierre de la radio pública municipal, la reconfiguración de su personal, la continuidad de gastos estructurales y la posterior redistribución de funciones dentro del organigrama comunal han sido motivo de debate desde el inicio de la actual gestión. A ello se suman antecedentes públicos, como el retiro de pauta oficial a medios críticos, reconocido por el propio intendente en declaraciones anteriores.

Libertad de expresión y relaciones laborales

Más allá de las particularidades administrativas de cada situación, distintos actores del ámbito periodístico advierten sobre la consolidación de un clima en el que la opinión crítica respecto de la gestión puede derivar en consecuencias laborales, especialmente para quienes dependen de contrataciones estatales o mantienen vínculos indirectos con el municipio.

Un debate que excede los nombres propios

En ese marco, el caso difundido por Diario Junio vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo que excede los nombres propios: el derecho a expresarse sin represalias, el uso de recursos públicos como herramienta de presión y la necesidad de preservar condiciones mínimas para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática.

La libertad de expresión no se agota en la ausencia de censura formal. También se ve afectada cuando el temor a perder el trabajo, la pauta o el espacio laboral condiciona la posibilidad de opinar, informar o cuestionar a quienes ejercen el poder.

La Nota

Un posteo y otro caso de censura y persecución contra periodistas en la gestión de Azcué

La intolerancia a la crítica volvió a mostrar su rostro más crudo en la Municipalidad de Concordia. Esta vez, la víctima fue Federico Gularte, ex periodista y movilero de Radio Ciudadana, a quien le avisaron que a partir de la fecha prescindirían de sus servicios de prensa como monotributista en la secretaría de Salud, luego de un posteo en redes sociales que incomodó al Ejecutivo municipal y al área de Prensa. Hasta el momento, Gularte no ha querido realizar declaraciones públicas sobre lo sucedido.

El “pecado” de Gularte fue recordar, en el marco de lo que hubiera sido el décimo aniversario de Radio Ciudadana, que el cierre de la emisora se justificó oficialmente en supuestas razones económicas. Una afirmación que, como ya documentó DiarioJunio en reiteradas oportunidades, no resiste el menor análisis porque la radio nunca dejó de transmitir, el gasto estructural persiste y la mayoría del personal fue relocalizado dentro del propio municipio. Además, varias fuentes indican que la radio sería cedida a un privado y apuntan a que la persona «con altas chances de arribar» sería un empresario multirubros oriundo de Gualeguaychú.

Tras el cierre formal de la radio pública, Federico Gularte (Técnico Superior en Periodismo Deportivo recibido en Paraná, que en radio Ciudadana se desempeño durante 8 años como movilero, periodista, productor y  fue el conductor de la última transmisión oficial que la emisora hizo del Carnaval de Concordia) pasó a cumplir tareas de prensa en la Secretaría de Salud. Sin embargo, su publicación —que fue eliminada pocas horas después— habría sido suficiente para activar un mecanismo ya conocido: el aviso informal de que sus servicios no sería considerados en el futuro inmediato y su incorporación a una suerte de “lista negra” interna.

El mensaje es claro y busca ser aleccionador: opinar de la gestión tiene consecuencias.

DiarioJunio ya había denunciado que Radio Ciudadana fue desmantelada bajo el argumento del “ahorro”, pero el gasto continuaba porque la radio sigue al aire con música y publicidad oficial; la electricidad y los servicios se consumen igual; y Darío Buffet —el interventor que ejecutó el cierre— continuaba cobrando más de 2,5 millones de pesos mensuales como director de una radio que ya no transmitía programación, además de movilizarse con chofer  particular en la camioneta que era el móvil de la radio. En la actualidad, Buffet dejó de ostentar ese cargo por el que cobró un par de meses sin ejercer y volvió a ser un funcionario de segundo rango de la subsecretaria de Comunicación y Prensa con un salario de $1.9 millones de pesos.

En definitiva, lo importante no era cuidar las finanzas -a pesar que el presupuesto de la radio era irrisorio, sobre todo en lo que se destinaba a pagos del personal-, el objetivo era apagar una radio que informaba más allá de las conveniencias o no de la gestión en curso y que hacía periodismo crítico.

Lo ocurrido con Gularte también se engloba con otro rasgo distintivo de la gestión Azcué que es el uso de los recursos del Estado como herramienta de premio y castigo. Lo admitió el propio intendente cuando reconoció públicamente haber retirado la pauta oficial a DiarioJunio. Lo reafirmó horas después uno de sus concejales en el Concejo Deliberante.

En ese contexto, la no renovación de un contrato por un posteo no es un exceso aislado sino parte de una lógica del miedo, del silencio forzado, de la autocensura.

El mensaje del Ejecutivo municipal es cada vez más evidente y peligroso: no se castigan incumplimientos laborales o contractuales; se castigan opiniones, se castiga por decir eso que incomoda, la libertad de expresión. Con estos autoritarios, el derecho a informarse y la salud democrática de la ciudad están en juego.