Procesan con prisión preventiva al dueño de los laboratorios vinculados al fentanilo contaminado que provocó muertes

El empresario Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue procesado con prisión preventiva por su participación en la producción y distribución de fentanilo contaminado, que provocó la muerte de 20 personas. La información fue confirmada por fuentes judiciales.

El juez federal Ernesto Kreplak lo consideró “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” y destacó que también incurrió en la “adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”.

Según la resolución judicial, García Furfaro tomó decisiones junto a 16 miembros del personal de ambos laboratorios sobre la fabricación, distribución y venta del lote 31202 del opioide, destinado al uso público sanitario y cuya producción había sido autorizada el 16 de diciembre de 2024. El informe detalla que la sustancia fue adulterada debido a múltiples falencias en el proceso de fabricación, a pesar de que existieron alertas que no fueron atendidas.

Además de García Furfaro, fueron procesados con prisión preventiva Diego Hernán García (con arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria).

En tanto, otras personas vinculadas a los laboratorios fueron procesadas sin prisión preventiva: Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica. La fiscalía solicitó estas medidas para asegurar que los imputados se presenten a la causa y no obstaculicen la investigación.

El juez también fijó fuertes embargos sobre los bienes de los acusados: Ariel García Furfaro por 1.000 millones de pesos; Diego Hernán García, Nilda Furfaro y Javier Tchunkrán por 5.000 millones; José Maiorano, Carolina Ansaldi y Adriana Iúdica por 100.000 millones; Rocío del Cielo Garay y Dayana Astudillo Bolívar por 10.000 millones; y Eduardo Darchuk, Carolina Ansaldi, María Victoria García y Wilson Daniel Pons por 50.000 millones.

Por último, se dispuso la inhibición general de bienes de varias personas físicas y jurídicas vinculadas al caso, incluyendo a los principales acusados.