Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley, pero dejó su aplicación en suspenso

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma había sido aprobada por el Congreso pese al veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, su entrada en vigencia quedó suspendida hasta que el Parlamento defina de dónde saldrá el dinero para financiarla.

La medida fue oficializada a través del Decreto 681/2025 en el Boletín Oficial. Según el Ejecutivo, la aplicación de la ley implicaría un gasto estimado de más de $3 billones solo en 2025, lo que equivale al 0,35 % del PBI, cifra que no está prevista en el Presupuesto Nacional. Por este motivo, el Gobierno exige que el Congreso incorpore las partidas necesarias y establezca fuentes de financiamiento antes de ponerla en marcha.

El decreto aclara que la Constitución obliga a promulgar la ley porque fue aprobada por mayoría especial en Diputados y el Senado, pero advierte que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontarla” y que solo el Congreso puede autorizar un aumento de gasto.

Mientras tanto, a través de una Decisión Administrativa, el Ejecutivo decidió reforzar los fondos destinados a la atención de personas con discapacidad a partir del 1° de octubre. Se reasignarán partidas para actualizar los pagos a prestadores del sistema, en respuesta a los reclamos del sector.

En resumen, la emergencia fue declarada, pero su aplicación dependerá de que el Congreso defina los recursos que permitan garantizar su financiamiento sin comprometer las cuentas del Estado.