Concordia se queda sin Radio Pública: un cierre que trasciende el argumento económico

Este jueves, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó por mayoría el proyecto enviado por el Ejecutivo municipal que dispuso la disolución de la Comisión Administradora de la Radio Pública (CARP), órgano rector de FM 89.7 "Radio Ciudadana". Así, tras casi una década de funcionamiento, la ciudad se quedó sin su emisora pública.

El argumento oficial: optimizar el gasto público. El trasfondo: una decisión política que genera críticas por atentar contra la pluralidad de voces y la libertad de expresión.

Una cifra mínima, un impacto mayor

Radio Ciudadana tenía un presupuesto anual de $150 millones. En el contexto del presupuesto municipal de 2025 (de $89.500 millones), eso representa apenas el 0,16% del total. Sin embargo, el concejal Felipe Sastre (JxER), quien defendió el cierre, prefirió compararlo con el plan de pavimentación por el mismo monto, sugiriendo prioridades distintas: "Este es el momento de aplicar esta decisión", afirmó.

Desde el oficialismo, se reiteró que el municipio “no necesita un medio propio” y que la Radio funcionaba como un “aparato de propaganda”, en línea con el discurso nacional del mileísmo. Así lo expresó la concejal libertaria Yaiza Pessolani, quien sostuvo que "no es un servicio esencial" y celebró que esos fondos puedan reorientarse hacia obras barriales.

 
Reacciones: voces que se apagan

La oposición no tardó en manifestar su rechazo. La concejal Carolina Amiano (PJ) denunció que "lo que se busca es silenciar una voz institucional" y que se trató de "una decisión orquestada, ejecutada a espaldas de los trabajadores".

"Acá no había gastos millonarios, ni privilegios. Hay trabajadores con más de 8 años de antigüedad que se enteraron del cierre viendo la sesión del Concejo mientras estaban al aire", expresó la periodista Lucrecia Carmarán, una de las voces de la emisora.

Trabajadores, productores y periodistas coincidieron en señalar que la medida fue “desprolija, insensible y planificada con ocultamiento”. Algunos, como el periodista deportivo Mariano Almeida, apelaron a la empatía: "Acá no sobra nadie. Hay padres, madres, familias que ahora no saben qué va a pasar".

 
¿Cierre administrativo o censura encubierta?

Desde sectores del peronismo local y provincial, la decisión se leyó como un intento deliberado de acallar voces críticas. Tanto el exintendente Enrique Cresto como el exgobernador Gustavo Bordet señalaron que cerrar una radio pública no es solo apagar un transmisor: es apagar espacios de ciudadanía.

“Radio Ciudadana nació para dar lugar a instituciones, artistas, vecinos. Era una herramienta de acceso democrático a la información”, afirmó Bordet, y advirtió sobre el riesgo de “modernizar” el Estado a costa de vaciar políticas públicas que promueven derechos.

 
Disputa de modelos

El cierre de la Radio Pública de Concordia no es un caso aislado. Se inscribe en un contexto nacional donde la comunicación pública es demonizada desde sectores del oficialismo nacional, que la presentan como “gasto” o “aparato de propaganda”.

Mientras tanto, los medios comerciales (que también reciben pauta oficial) no son cuestionados con la misma vara. ¿La diferencia? No representan voces disidentes ni institucionales, sino intereses privados.

 
¿Qué sigue?

La ordenanza aprobada faculta al Ejecutivo a disponer de los bienes de la radio, y a reubicar o prescindir del personal, lo que deja en incertidumbre a trabajadores contratados y monotributistas. La oposición ya anticipó acciones legales y políticas para visibilizar lo que consideran un retroceso democrático.

En Concordia, donde más del 50% de la población vive bajo la línea de pobreza, el cierre de una radio pública puede parecer un ahorro menor, pero representa una pérdida mayor: la de un espacio donde se escuchaban otras voces.