La Justicia federal desarticuló una banda narco en la región: cuatro procesados y millonarios embargos

Cuatro personas fueron procesadas con prisión preventiva por integrar una presunta organización dedicada al comercio de cocaína en Chajarí y zonas aledañas. La medida fue dictada el 16 de mayo por la jueza federal de Concordia, Ana María Ramponi, en línea con lo solicitado por la fiscal Josefina Minatta. Además, se ordenó un embargo de cinco millones de pesos para cada uno de los imputados.

Los acusados son tres hombres -H.E.J. (38), M.E.M. (38) y G.I.R. (32)- y una mujer -V.A.L. (30)-, quienes habrían actuado de manera coordinada desde al menos diciembre de 2024 hasta abril de este año, operando desde una vivienda en Chajarí donde se fraccionaba y distribuía el estupefaciente, incluso mediante entregas tipo “delivery”.

La investigación se inició en diciembre del año pasado tras una nota remitida por la División Toxicología de la Policía de Entre Ríos a la Fiscalía Federal de Concordia, que dio cuenta de maniobras vinculadas al tráfico de cocaína por parte de una banda que se estimaba integrada por al menos once personas.

Con intervención de la División Drogas Peligrosas de Chajarí, se realizaron tareas de inteligencia, seguimientos e intervenciones telefónicas. Estos elementos permitieron a la fiscalía solicitar allanamientos en siete domicilios de Chajarí, donde se secuestró material de interés para la causa y se detuvo a los cuatro imputados.

Según la pesquisa, el domicilio donde vivía H.E.J. funcionaba como base de operaciones. Allí se fraccionaba, acopiaba y distribuía clorhidrato de cocaína. La fiscalía acreditó múltiples transacciones filmadas y la presencia reiterada de los ahora procesados en ese lugar.

En cuanto a los roles, V.A.L. estaba a cargo del fraccionamiento, transporte y distribución de la droga; M.E.M. cumplía el rol de proveedor; y G.I.R. actuaba como revendedor y distribuidor. Además, los informes policiales identificaron a otras personas con presunta vinculación con la organización.

Al dictar el procesamiento por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, la jueza Ramponi subrayó que este tipo de maniobra requiere una “capacidad logística e intelectual” para operar de forma clandestina, y destacó la habitualidad del accionar delictivo.

Si bien valoró el rápido avance de la investigación, advirtió que aún se encuentra en etapa de instrucción, con diligencias pendientes para esclarecer la totalidad de la operatoria y determinar la posible participación de más personas.

Por último, la magistrada fundó la prisión preventiva en el riesgo de fuga, dado que los imputados contarían con recursos económicos y eventuales colaboradores que podrían facilitarles eludir a la Justicia. (Ministerio Público Fiscal)