Acusan a Uruguay ante la CIDH de ocultar información sobre el proyecto de hidrógeno verde

El gobierno de la Repúblico Oriental del Uruguay fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ocultar información del memorándum de entendimiento que firmó con HIF Global, una compañía que quiere construir una planta de hidrógeno verde y combustibles en Paysandú, frente a Colón.

El acuerdo fue suscripto el 28 de febrero pasado en la Torre Ejecutiva con la presencia del secretario de presidencia oriental, Rodrigo Ferrés, la prosecretaria Mariana Cabrera, el canciller Omar Paganini, el presidente de Ancap, Alejando Stipanicic, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y representantes de la empresa.

Tras la firma, Ferrés explicó que este memorando de entendimiento representa una instancia previa a la firma del contrato de inversión. De concretarse, sería la mayor inversión privada de la historia, ya que alcanzaría los 6 mil millones de dólares y generaría unos 3 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción.

HIF Global manifestó su interés de construir una planta de hidrógeno verde y combustibles en Paysandú, en varios terrenos que totalizan 440 hectáreas sobre el río Uruguay, ubicados frente a la isla del Queguay Grande, una zona que se prevé que ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Pocos días después de la firma del entendimiento, uno de los integrantes de Movimiento por un Uruguay Soberano (Movus), Raúl Viñas, realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer el contenido de este acuerdo. El 2 de mayo fue notificado de que la información era “de carácter confidencial”, por lo que resolvió llevar el caso a la Justicia, que falló a favor de Movus.

El gobierno uruguayo entregó una copia impresa de un documento que, según Movus, no es el memorándum y, además, buena parte de las páginas se encontraban tachadas.

“El Poder Judicial, en su sentencia, ampara nuestro derecho a conocer los documentos, pero el Poder Ejecutivo no ha cumplido con esa sentencia. Entendemos que el accionar del Ejecutivo lesiona el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, dado que ese derecho comprende, para poder ser ejercido con responsabilidad, la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas”, señala un comunicado de la organización no gubernamental.

“La no presentación de los documentos solicitados impide su análisis y difusión a fin de que la sociedad civil pueda participar del debate público informada y responsablemente. Lesiona además el derecho a la participación en temas ambientales y viola el Acuerdo de Escazú que es ley en nuestro país (ley 19.773)”, asegura Movus.

La entidad lamenta que en Uruguay “tengamos que llegar a esta instancia cuando tanto se habla de transparencia” y asegura que “de los documentos que ahora se ocultan, se ha dicho que son ‘inocuos’ y que no se han asumido en ellos ‘compromisos por parte del Estado’. No se comprende la cerrada negativa a que estos documentos sean públicos, conservando la confidencialidad únicamente para lo que pudieran ser datos personales o secretos técnicos y comerciales de la empresa”.

En la denuncia presentada ante la Corte Interamericana, Movus destaca que “simultáneamente a esta falta de acceso” a la información del acuerdo en gestión, los representantes del gobierno uruguayo y HIF Global “siguen avanzando en sus negociaciones”.

Fuente: Sudestada / Pablo Alfano