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title: "La Justicia puso bajo la lupa la compra centralizada de alimentos escolares: el Gobierno de Frigerio deberá exhibir toda la documentación de la licitación"
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  - "Gobierno de Entre Ríos"
  - "Justicia"
  - "Merenderos y comedores"
  - "Rogelio Frigerio"
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# La Justicia puso bajo la lupa la compra centralizada de alimentos escolares: el Gobierno de Frigerio deberá exhibir toda la documentación de la licitación

![Comedor escolar Diario El Enfoque](/download/multimedia.normal.bc70cde824c754b9.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

Lo que hasta hace pocos días el Gobierno de Entre Ríos presentaba como una modernización del sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares terminó convirtiéndose en un conflicto político, social y ahora también judicial.

A horas de la entrada en vigencia del nuevo esquema de compra centralizada de desayunos y meriendas para casi un millar de establecimientos educativos de toda la provincia, la Justicia decidió admitir un amparo colectivo impulsado por padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce, una decisión que coloca bajo revisión una de las políticas más defendidas por la administración de Rogelio Frigerio.

El juez Juan Malvasio no sólo dio curso a la acción judicial. Antes de resolver el pedido de suspensión del nuevo sistema, ordenó al Superior Gobierno de la Provincia que, en un plazo de 48 horas, remita la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la contratación: pliegos, ofertas, dictámenes técnicos, actos de adjudicación y toda la documentación relacionada con la provisión de alimentos para los comedores escolares.

La decisión judicial marca un punto de inflexión. Hasta ahora, el debate se desarrollaba en el plano político y gremial. Desde este viernes, el expediente administrativo de la contratación quedó bajo la lupa de la Justicia.

## Un conflicto que el Gobierno minimizó

Durante las últimas semanas, docentes, directivos, cooperadoras, especialistas en nutrición y distintos sectores de la comunidad educativa expresaron públicamente reparos sobre el nuevo sistema.

Las críticas apuntaron a la sustitución de alimentos frescos por productos industrializados, la pérdida de autonomía de las escuelas para organizar los menús y la falta de información pública sobre los criterios técnicos que respaldaron el cambio de modalidad.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial se defendió la iniciativa sosteniendo que la centralización permitiría fortalecer los controles, garantizar una mejor calidad nutricional y unificar estándares en todos los establecimientos.

Ese contraste entre los cuestionamientos y la postura oficial es precisamente el que ahora deberá analizar la Justicia.

## Mucho más que una discusión administrativa

El amparo no cuestiona únicamente quién compra los alimentos.

Los demandantes sostienen que la nueva política podría afectar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes al no acreditarse, según plantean, estudios técnicos, evaluaciones nutricionales, sanitarias, sociales y culturales que respalden la modificación del sistema.

Incluso invocan la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable y solicitan que no se distribuyan productos alcanzados por los sellos de advertencia previstos en esa normativa.

Es decir, la discusión excede una licitación: pone en debate la calidad de la alimentación que reciben miles de estudiantes entrerrianos.

## El expediente que ahora deberá mostrar el Gobierno

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es el requerimiento formulado por el juez para acceder a toda la documentación administrativa que dio origen al nuevo sistema.

La Justicia pretende conocer cómo se desarrolló el procedimiento, qué criterios se utilizaron para la contratación, cuáles fueron las ofertas presentadas, qué dictámenes respaldaron la adjudicación y qué fundamentos técnicos sustentan la política implementada.

Ese análisis será determinante para resolver si corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los amparistas.

## Un caso con impacto político

La admisión del amparo no significa que la Justicia haya declarado ilegal el nuevo sistema ni que haya suspendido su aplicación.

Pero sí representa un llamado de atención institucional de enorme magnitud.

No es habitual que una política pública de alcance provincial, destinada a casi mil comedores escolares y miles de estudiantes, quede sometida a un control judicial de estas características desde el mismo momento de su implementación.

Mientras el Gobierno insiste en que el nuevo esquema mejorará la calidad y la transparencia del sistema, la Justicia exige ahora que esas afirmaciones estén respaldadas por documentación concreta.

La discusión ya no se limita al terreno político. A partir de este momento, las explicaciones deberán presentarse también ante los tribunales.

Y esa diferencia no es menor: cuando un juez reclama los expedientes completos de una contratación pública antes de decidir una medida cautelar, el debate deja de ser exclusivamente discursivo para apoyarse en pruebas, informes técnicos y actuaciones administrativas.

El desenlace de este proceso podría definir no sólo el futuro del nuevo sistema de provisión de alimentos escolares, sino también el alcance del control judicial sobre una de las políticas públicas más sensibles del Gobierno de Entre Ríos.

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